La Tercera
El Gobernador provincial y jefe de Gobierno porteño le deben 160 millones de pesos al organismo creado para sanear la Cuenca, por lo que el organismo arrastraría “problemas” presupuestarios. Como solución, la Corte habría avalado apelar al “financiamiento internacional”.
Los intendentes rindieron cuentas de las acciones en los territorios. Mussi exhibió los logros de su gestión.
La Corte Suprema de Justicia (CSJN) advirtió a Juan José Mussi, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos para lograr el saneamiento de ese cauce bonaerense y porteño, en el marco de la tercera audiencia pública sobre el tema llevada a cabo ayer. El también secretario de Medio Ambiente acusó por esas inconsistencias a los mandatarios bonaerense y porteño, Daniel Scioli y Mauricio Macri, por no girar fondos específicos del orden de los 160 millones de pesos.
Ante los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni, Mussi explicó que se fijó “objetivos que no fueron objetados y estamos cumpliendo con ellos” y se comprometió que “a fin de año o principios del año próximo” estará terminada la construcción de la mayor planta de tratamiento de efluentes domiciliarios que se vuelcan en la cuenca.
El ex alcalde berazateguense fustigó a ambos empresarios y los contrastó con Presidencia: “La Ciudad debía aportar 160 millones de pesos y solo aportó 25 millones -en tanto que-, la provincia tampoco aportó sus 160 millones (no obstante haberlo incluido en su cálculo de recursos para 2012). En cambio, la Nación ya giró los 320 millones de pesos correspondientes”, expresó Mussi ante los jueces del tribunal. Se trata de una imposición asentada en el fallo de la CSJN del 8 de julio de 2008, que estableció la creación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en el que se establecen las acciones que deberían concretar las 14 jurisdicciones políticas lindantes con el Riachuelo y vertientes.
Fue por esto que algunos intendentes de la región fueron invitados a participar, entre los que se contaron el echeverriano Fernando Gray, el lomense Martín Insaurralde, el browniano Darío Giustozzi, el avellanedense Jorge Ferraresi, el lanusense Darío Díaz Pérez y el matanceño Fernando Espinoza. Sin embargo, ninguno de los alcaldes habló, ya que los magistrados dispusieron que lo hagan reciñen el próximo miércoles, desde las 10.
Es que se estableció un cuarto intermedio luego de las exposiciones del asesor del Ministerio de Infraestructura bonaerense, José Luis Enríquez, y el procurador porteño, Julio Conte Grand. Sucede que mientras exponía, Lorenzetti preguntó a Enríquez si el gobierno bonaerense iba a aportar los fondos reclamados por Mussi, equivalentes a un 25 por ciento del presupuesto 2012 de la Acumar. “Lo vamos a analizar”, fue todo lo que respondió el secretario sciolista.
Como esa fue, además, su única intervención, el presidente de la Corte adelantó: “Vamos a tratar de fijar una fecha para que, a la brevedad, informen si van a cumplir o no”.
El hombre fuerte entre los siete magistrados apostrofó del mismo modo a Mussi en este caso por los parámetros fijados como metas para la recuperación de la calidad del agua. El ex alcalde argumentó que esos cánones fueron tomados en base a “parámetros internacionales”, y completó que “no descartamos fijar nuevos objetivos después de alcanzarlos”.
En seis días será el turno para que expongan las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), así como la Defensoría del Pueblo de la Nación y Auditoría General de la Nación (AGN), la encargada del informe preliminar sobre el cual la Corte versó su interpelación.
El que no estuvo, y se presume que no estará, fue el juez quilmeño Luis Armella, sospechado de presunta connivencia con el secretario de Medio Ambiente en el marco de una serie de contrataciones directas que habrían favorecido a empresas vinculadas al grupo familiar del letrado. Por la denuncia periodística, firmada por Horacio Verbitzky, el juez fue escrachado ayer y el máximo tribunal nacional analizaría quitarle el control sobre las tareas en la cuenca y desglosarlas en otros tres juzgados federales.
“Logros” de gestión
Interesada por los desarrollos orientados a la salud, Highton de Nolasco interrogó al secretario de Medio Ambiente sobre esas metas. Mussi respondió que el organismo selló un convenio con la ANSES para trazar políticas específicas para la población radicada en ese entorno, forjadas a partir de la información obtenida de los registros de la Asignación Universal por Hijo. Por fuera de las estadísticas, adelantó que en 2013 estará funcional el programa de médicos comunitarios que lleva adelante el Ministerio de Salud y el Hospital de Cañuelas.
En su exposición, Mussi dio cuenta de los “logros”, entre los que incluyó el control industrial, con 22.505 empresas empadronadas, de las cuales 1169 tienen planes de reconversión y 50 se encuentran totalmente reconvertidas. Bajo el mismo concepto, incluyó el Plan de Urbanización de villas, mediante el cual “se han relocalizado un total de 1028 familias y han mejorado 580 viviendas”, según informó. Otro ítem fue la liberación del denominado “camino de sirga”, del cual afirmó que se encuentra liberado en un 85 por ciento.
También ahondó en materia de gestión de residuos: se eliminaron 68,4 por ciento de los basurales de la cuenca y existen convenios con municipios para la recolección permanente en villas y asentamientos, aclaró. Además se encuentran en marcha 14 ecopuntos donde la gente puede disponer la basura y que tratará 2.200 toneladas diarias. Con respecto a esto, Mussi explicó que “antes se cerraba un basural y luego volvía a generarse. Ahora lo controlamos y prevenimos su formación mediante los ecopuntos”.
Como tema emblemático, el titular de la cartera ambiental se refirió al traslado de la feria comercial “la saladita” en Lomas de Zamora, que tenía 12 mil puestos a la vera del Riachuelo. “Durante un año mantuvimos conversaciones con los puesteros. Pudimos lograrlo a través del consenso y la gestión” destacó Mussi.
El pedido de Mariquita
En plena exposición, el secretario de Medio Ambiente se despachó con un dato histórico que sorprendió: “La primera demanda para la remoción de embarcaciones data de 1812 y fue formulado por Martín Thompson, el esposo de (María Josepha Petrona de Todos los Santos) ‘Mariquita’ Sánchez”, una altruista de la Buenos Aires revolucionaria de principios de 1810.
