Los legisladores sciolistas inclinaban la balanza en forma desfavorable para el bloque del Frente para la Victoria, dado que junto con la oposición tenían disidencias con algunos artículos. Tras acordar en un cuarto intermedio, el expediente se aprobó en forma unánime y resta el acompañamiento en Diputados.
Tras siete foros de debate con participación ciudadana realizados en distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, dos plenarios de las comisiones competentes, una sesión en la que no pudo entrar un proyecto por falta de acuerdo entre bloques, la jornada en la que finalmente ingreso y un cuarto intermedio; el Senado bonaerense logró la aprobación por unanimidad de la creación e implementación de la policía judicial, que todavía deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.
El bloque del Frente para la Victoria (FPV) consensuó en ese cuarto intermedio disidencias sobre el proyecto de ley con los bloques opositores y legisladores de su propia banca, identificados con la agrupación sciolista La Juan Domingo.
Si bien había acuerdo en el proyecto en general, el punto era el más álgido era el 35, que establecía que las autoridades del Cuerpo de Investigadores Judiciales debían ser designadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires previo acuerdo del Senado.
“Es anticonstitucional”, contradijo uno de los legisladores en disidencia en el pasillo del recinto, ya que según consideró, la Carta Magna provincial es específica en los cargos cuyos pliegos para ser habilitados sí necesitan el aval del Senado, como en el caso del procurador general de la Provincia.
En la sesión, el titular de la bancada de Unión PRO Peronista, Alfredo Meckievi, que si además de los requisitos para los candidatos a los cargos: “Tenga que pasar por un jurado, creo que además de inconveniente, es innecesario; ponemos requisitos casi superiores a la designación de funcionarios. Estos son empleados que si no andan, se los echan”.
Otro punto en disidencia en el proyecto era el 4, que hacía referencia a las competencias de la fuerza. Es que la oposición planteaba que se extendiese la cantidad de delitos sobre los cuales la fuerza intervendría, mientras que en el proyecto se establecía que se limitaba a los complejos como el narcotráfico o lavado de dinero.
Para el senador Martini, en el proyecto estaba establecido que la fuerza podía intervenir en otros delitos. “Lo que no está prohibido, está permitido”, sostuvo, apelando a la “interpretación de la norma”.
Con los 43 senadores presentes y los sciolistas en disidencia, la cuenta daba “24 a 22”- según un legislador -. Fue así que en el territorio del vicegobernador Gabriel Mariotto, las huestes del jefe provincial, Daniel Scioli, pusieron el jaque la aprobación del proyecto y forzaron la negociación.
Fue así que a las 16.02 se reanudó la sesión tras el cuarto intermedio que duró más de una hora. El Cuerpo acordó la creación de una clausula transitoria que establece que con el tiempo se podrán ampliar la cantidad de delitos sobre los que intervendrá la fuerza.
En el caso de la designación de los cuadros jerárquicos de la fuerza (Director, Subdirector, Secretarios y Subsecretarios de Cuerpo de Investigadores), se estableció que serán propuesto tres nombres por la Procuraduría General.
Luego habrá un período de quince días para que las universidades, Organizaciones No Gubernamentales o ciudadanos presenten consideraciones sobre los candidatos.
Luego, el Senado tendrá una entrevista pública en la Legislatura con los candidatos. Esta reunión será presidida por tres senadores y tres diputados. El elegido –finalmente- será designado por la Corte Suprema de Justicia provincial.
En cuanto a las características de la policía judicial, la senadora del FPV Diana Larraburu explicó que se trata de “una institución del Poder Judicial, no militarizada y especializada, que dependerá del ministerio público y que tiene como objetivo brindar su colaboración con la asistencia técnica y científica”.
Por último, cabe destacar que la implementación de esta fuerza - estipulada en la reforma constitucional realizada en el año 1994- será progresiva. El departamento judicial de Mar del Plata sería la zona donde se haría la primera experiencia, con el objetivo de extenderlo por todo el territorio provincial.
Gendarmería y Prefectura y la desaparición de Severo
Por último, el senador Santiago Carreras, titular de la comisión de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la desaparición de Enrique Severo, testigo en la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra ocurrida en octubre de 2010.
“Desde la Comisión nos expresaremos mediante un Proyecto de Declaración para manifestar el repudio y exigir que rápidamente pueda darse con su paradero. Es una situación que nos preocupa a todos”, finalizó.
